Comentario del Maestro Miguel Soler Roca

El Maestro Miguel Soler Roca nos ha hecho llegar un comentario a propósito de la última entrada de este blog.

Como todos quienes estén leyendo estas líneas podrán imaginarse, incluir en este espacio unas palabras de Don Miguel significa para nosotros un honor enorme y también un compromiso en seguir sosteniendo una forma de pensar y hacer la educación como compromiso con los conceptos de justicia e igualdad. 

Al Maestro, el agradecimiento por compartir aquí sus palabras, junto con el reconocimiento de siempre. Aquí su texto:

Adhiero, calurosamente. Coincido con Pablo en que hay un vínculo estrecho entre educación, derechos humanos, impunidad, SCJ. Los docentes no debemos confundirnos, ni en el jardín de infantes ni en la Universidad. Somos –por decisión soberana nuestra, individual y colectiva- depositarios de ciertos valores cuya gravitación es esencial en la educación para el futuro. Contamos, además, con claros mandatos vigentes. El programa de Primaria de 2008 dice en su primera línea: “El Programa Escolar del Consejo de Educación Primaria se centra en los Derechos Humanos” (p. 9). El programa de Historia para sexto grado primario prescribe: “La vigencia de la Constitución y los derechos individuales”; “El Uruguay en el siglo XXI” (p. 221). Para sexto grado de Ética se indica: “La vida como valor y sustento de los Derechos Humanos. Los genocidios” (p. 231) y el de Derecho propone: “Las Declaraciones de los Derechos Humanos”, “Los crímenes de lesa humanidad” (p. 232). Lo mismo encontramos si rastreamos los programas de los otros niveles de la enseñanza. Los custodios irrenunciables e indispensables de la formación en estos vitales aspectos somos los educadores. Compañeros, compañeras, a tomar conciencia de que, como siempre, hemos de sumarnos al Pueblo en la defensa de la Verdad y la Justicia y en la denuncia de la impunidad, bajo todas sus formas, quienquiera la preconice. Y si no nos dejan hacerlo abiertamente, lo haremos en la clandestinidad. Como ya supimos hacerlo.

Miguel Soler Roca.

No se puede educar con impunidad

La Suprema Corte de Justicia dictaminó en el día de hoy la inconstitucionalidad de la  Ley Interpretativa de la Ley de Caducidad, con lo cual se pone un escollo que podría ser insalvable para la continuidad de los juicios en causas por violaciones a los derechos humanos cometidos en dictadura.

En definitiva, se trata de una forma de volver a poner sobre la mesa la impunidad de quienes cometieron delitos de lesa humanidad. Mientras tanto, buena parte de los actores sociales y políticos que celebran la decisión de la SCJ llevan adelante una campaña para lograr instalar como Ley el descenso de la edad de responsabilidad penal de los dieciocho a los dieciséis años. Ambos elementos no pueden sino ser vistos como parte de un mismo movimiento de expansión de un sentido común conservador en la sociedad uruguaya. Asegurar impunidad a quienes ejercieron el terrorismo de Estado contra tantos y tantos uruguayos, por un lado, y por el otro arremeter con fuerza contra quienes se ubican en conflicto con la ley desde los márgenes de la sociedad. Se trata de la entronización de una injusticia. 

Es importante comprender que este sentido común conservador se expande desarrollando una acción educativa sobre toda la sociedad uruguaya: estamos enseñando a las nuevas generaciones que es lícito golpear al otro si se lo hace desde una situación de poder y que, al mismo momento, es también admisible aplicar la violencia contra quienes no tienen ningún poder que los sostenga. Mientras en relación a unos se buscan los vericuetos legales para que no sean responsabilizados por sus actos, a los otros se los presenta como sujetos maduros que deben ser responsabilizados como adultos, pese a no tener dieciocho años.

No hace falta avanzar mucho más en el razonamiento para darnos cuenta que el mensaje que estamos dando a las nuevas generaciones es terriblemente contradictorio. De la peor de las contradicciones, la que se genera por obsecuencia frente a quien detenta algún poder.

A todo esto, claramente surge una interrogante: ¿es posible sostener un proyecto educativo sobre la base de la impunidad? O si ustedes prefieren: ¿es posible educar mientras haya impunidad?

Educar es antes que nada, y en pocas palabras, una de las formas de convocar a la Justicia. Esta convocatoria tiene que ver con que en todo acto educativo bien desarrollado se pone en juego el derecho de un otro a acceder a una porción del legado humano que le corresponde por derecho. Así de concreto, educar es hacer justicia. Es dar a cada uno lo que lo corresponde, sin atenuantes.

El compromiso que un día como hoy suscita en todo educador consciente de su responsabilidad  es el de seguir obstinadamente luchando, cada día, por hacer realidad esa convocatoria a lo justo en el trabajo con los educandos con lo que toca actuar.

Tarea difícil si las hay la de educar. A partir de hoy será un poco más difícil, ya que la injusticia acecha. De todos modos, seguiremos obstinadamente adelante, como buenos pedagogos. También seguiremos reclamando verdad y justicia, única forma en que auténticamente será posible educar.

Preguntas incómodas

En la edición de Brecha del pasado 21 de diciembre, la periodista Sofi Richero se pregunta, a propósito de la emergencia reciente de diversas situaciones de violencia, y esperando que no “ardan los cabellos de la Academia”, “¿cuándo fue que dejamos de hablar de “violencia de clase”?”, o “¿Cuándo fue que el debate ideológico de la izquierda se decretó muerto y sobre su cadáver comenzaron a germinar las expresiones prohibidas?”

Creo que a muchos de los lectores de Brecha las preguntas de Richero nos suenan más que familiares. Son las mismas que venimos haciéndonos cada vez con más frecuencia ante la sobreabundancia de lecturas simplistas de acontecimientos cotidianos que parecen olvidar que vivimos en una sociedad marcada por desigualdades estructurales, por mucho que nos pese.

La preocupación por intentar pensar algunas de las implicancias que esta forma de ver el mundo y comprender lo social han tenido, y tienen, en nuestro país y particularmente en su situación educativa, están presente en los trabajos de investigación y las reflexiones cotidianas de muchos de nuestros educadores.

En los estudios sobre educación que fundamentan las políticas educativas en Uruguay desde la recuperación democrática, se ha ido sofisticando un recurso argumentativo que ha puesto el acento en las relaciones entre resultados educativos y “contextos socioculturales”. Con abundantes referencias estadísticas, no ha dejado de demostrarse una y otra vez esta relación. Ello, ha servido de base para la conformación de teorías que no dejan de nombrar una y otra vez los supuestos “déficits culturales” que poseerían ciertas poblaciones y frente a los cuales es necesario instrumentar políticas de equidad centradas en los “entornos de dificultades estructurales relativas”, como reza el programa de política focalizada actualmente en desarrollo en las escuelas públicas de nuestro país.

Para cualquier análisis más o menos influenciado por una perspectiva teórica crítica, la realidad del fracaso educativo en sectores que viven en situación de pobreza no podría separarse de la consideración de las desigualdades estructurales inherentes a toda sociedad capitalista. Existe una más que abundante bibliografía para sostener estas perspectivas, desde tradiciones no necesariamente idénticas, pero sí vinculadas de diversas formas con el marxismo y la teoría crítica.

Las preguntas entonces podrían ser: ¿cuándo dejamos de hablar de las relaciones entre educación y clases sociales?; ¿cuándo dejamos de considerar el carácter de reproductor de las desigualdades sociales que implica todo sistema educativo?; ¿cómo es que desde la izquierda podemos seguir hablando de “contextos socioculturales críticos” sin considerar las formas en que esos territorios y sus habitantes se inscriben en la realidad de una sociedad capitalista -y por tanto- excluyente?

Tengo el convencimiento que volver a ubicar esas preguntas sería un buen lugar desde el cual repensar nuestras perspectivas pedagógicas y nuestra idea sobre el tipo de políticas educativas que es necesario construir.

Ubicar estas preguntas sobre la mesa supondría asumir lo social como un ámbito conflictivo, en el cual necesariamente una toma de posición supone un acto político no exento de consecuencias. Se agradará a unos y se dejará descontentos a otros.

En nuestro país quienes siguen fracasando en la educación son los más pobres. ¿Hasta cuándo será posible seguir asumiendo desde la izquierda discursos que pretendan explicar este fenómeno por las “carencias” de estos sujetos. ¿Será posible que volvamos a hacernos preguntas incómodas y que entonces seamos capaces de concebir una educación que trabaje desde las potencialidades de niños y adolescentes de sectores populares y se comprometa con su desarrollo concebido estrictamente como un acto de justicia?

Un punto de comienzo para asumir una tarea de este tipo seguramente sería poner en discusión los supuestos desde los cuales pensamos y actuamos en la educación y someterlos a la crítica de una pedagogía que tome como punto de partida la radical igualdad de lo sujetos.

El país va ingresando lentamente en su pre - campaña electoral. Seguramente la educación será uno de los ejes centrales de la disputa entre los partidos. Ojalá podamos empezar a llamar a las cosas por su nombre.